Lluvias afectan a Sucumbíos mientras rige emergencia en Napo y Zamora

Fecha: 6/7/2025

La afectación desproporcionada a comunidades indígenas y rurales pone en cuestión la equidad en la protección de derechos, las inundaciones y derrumbes impactan con mayor crudeza a poblaciones históricamente marginadas en zonas rurales, donde la falta de infraestructura resiliente (vías, drenajes, viviendas dignas) y la débil presencia institucional configuran una discriminación territorial. El derecho a la integridad física se ven comprometidos no solo por el fenómeno natural, sino por la ausencia de inversión pública diferenciada que mitigue riesgos preexistentes, además, la emergencia agrava violaciones a derechos económicos y sociales como la destrucción de cultivos y vías de acceso afecta el derecho al trabajo.

La deforestación, la expansión agrícola y minera no regulada en zonas frágiles, y la permisividad en asentamientos en laderas o riberas vulnerables son factores antrópicos que amplifican los desastres. Al no enfrentar estas causas estructurales mediante políticas ambientales y de ordenamiento territorial vinculantes (a pesar de contar con instrumentos como la Ley de Tierras), el Estado genera condiciones de riesgo que luego pretende paliar con medidas de excepción. Esto configura una violación indirecta pero previsible de derechos fundamentales, donde la inacción previa es tan responsable como la respuesta durante la crisis.

Pese a que la Constitución (Art. 261) y la Ley Orgánica de Participación Ciudadana reconocen el papel clave de los gobiernos locales y la ciudadanía en la gestión de riesgos, en la práctica las declaratorias de emergencia suelen gestionarse desde Quito con escasa articulación con los conocimientos y capacidades locales. Esto no solo menoscaba el principio de autonomía, sino que genera respuestas inadecuadas por desconocimiento del territorio y sus dinámicas sociales, afectando la eficacia del socorro y la rehabilitación.

Fuente: El Universo