La Contraloría ha reportado 59 casos de posibles delitos entre jueces y fiscales desde noviembre de 2023
Desde noviembre del año 2023, la Contraloría General del Estado ha realizado 160 exámenes especiales a los patrimonios de jueces, fiscales y otros funcionarios judiciales. Esto se debe a que, según la versión oficial, el crimen organizado estaría pagando grandes sobornos a operadores de justicia a cambio de fallos judiciales favorables. Como resultado de estos controles, 108 exámenes ya se han completado y 52 aún están en proceso. Aunque la ley obliga a mantener los resultados en reserva, se conoció que en 59 casos se han detectado indicios de responsabilidad penal que ya fueron enviados a la Fiscalía.
Hasta el momento, la Fiscalía no ha formulado cargos en ninguno de los casos, por lo que se mantienen en una etapa reservada. A pesar de ello, el Consejo de la Judicatura ha iniciado procesos disciplinarios que han terminado en la destitución de al menos 46 jueces y 44 funcionarios más, entre fiscales, ayudantes y otros empleados judiciales. Estos hechos se relacionan con casos emblemáticos de corrupción judicial como Metástasis, Purga y Plaga, donde se ha demostrado la existencia de redes criminales que operan dentro del sistema judicial para beneficiar a personas involucradas en delitos graves.
Este panorama demuestra una profunda crisis en el sistema de justicia ecuatoriano, ya que no solo se trata de casos aislados, sino de una red estructurada de corrupción. Lo más preocupante es que quienes deberían garantizar el cumplimiento de la ley son los mismos que estarían traicionando su rol. La falta de respuesta inmediata por parte de la Fiscalía genera desconfianza ciudadana y pone en duda la capacidad del Estado para sancionar a los responsables.
Es urgente que se tomen medidas más firmes y transparentes para enfrentar esta situación, pues un país sin justicia confiable está condenado a perder la esperanza de un futuro mejor. La justicia debe ser un pilar que proteja a los ciudadanos, no un espacio donde reine la impunidad. La depuración del sistema debe continuar, pero también es necesario fortalecer los controles previos para evitar que personas corruptas lleguen a ocupar cargos de poder. Solo así se podrá recuperar la credibilidad de las instituciones y garantizar una verdadera democracia.
Referencia:
Primicias. (2025, junio 29). La Contraloría ha reportado 59 casos de posibles delitos entre jueces y fiscales desde noviembre de 2023. https://www.primicias.ec/politica/jueces-fiscales-destituidos-sentenciados-investigados-corrupc
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