TEMA: Ley de Integridad Pública entró en vigencia con la publicación en el Registro Oficial
FECHA: 26/06/2025
REFLEXIÓN: La Ley Orgánica de Integridad Pública fue aprobada el 24 de junio de 2025 por la Asamblea Nacional como un proyecto de una "economía urgente" y entró en vigencia el 26 de junio, después de la publicación del registro oficial. Esta disposición introduce reformas en más de 20 organismos legales, incluidos delitos penales, leyes sobre niños y adolescentes, regulaciones sobre empleo público, finanzas, justicia y servicio público. Entre los cambios más importantes se encuentra el acortamiento de las sanciones por delitos cometidos por la nueva evaluación de medio año de empleados públicos, lo que puede conducir a un bajo rechazo de rendimiento, la capacidad de cooperación para convertirse en supervisión nacional y el principio de "el mejor valor del dinero", lo que mejora el papel de SERCOP con inteligencia artificial.
A pesar de su enfoque en la transparencia y la eficiencia del país, esta ley ha llevado a disputas. Esto se critica por agrupar demasiadas reformas bajo una cifra legislativa que puede violar el principio de la sustancia. Las organizaciones sindicales y los participantes sociales ya han anunciado actividades constitucionales, en particular con respecto a los riesgos relacionados con la evaluación de los empleados de medio año, que pueden traducirse en inestabilidad laboral. Del mismo modo, la transferencia de cooperativas al sistema bancario podría desnaturalizar el papel de su comunidad.
Esta ley es un paso importante en la lucha contra la corrupción y la modernización del aparato público. Su implementación apropiada será la clave para lograr sus objetivos sin violar los derechos fundamentales. Se necesitarán reglas claras, evaluaciones justas y mecanismos de control de ciudadanos. En este contexto, la supervisión social, la supervisión legal y el debate abierto son esenciales para transformar esta reforma en una mayor integridad institucional que debilitar las garantías laborales y sociales. La legislación urgente no debe apretar la necesidad de un diálogo democrático, estable y transparente.