Extranjeros expulsados por delitos que regresen a Ecuador serán considerados "objetivo militar", según Ley de Integridad

Extranjeros expulsados por delitos que regresen a Ecuador serán considerados "objetivo militar", según Ley de Integridad

de MARCILLO SOLORZANO JOSE DAVID -
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Título: Extranjeros expulsados por delitos que regresen a Ecuador serán considerados "objetivo militar", según Ley de Integridad

Fuente:  https://www.primicias.ec/politica/extranjeros-expulsion-delitos-ley-integridad-publica-asamblea-99293/

Fecha: Jueves, 26 de junio de 2025

Reflexión/ Interpretación: 

Como estudiante de Derecho, veo con preocupación las recientes reformas a la Ley de Integridad Pública que permiten la expulsión de extranjeros sin necesidad de una sentencia condenatoria ejecutoriada durante el conflicto armado interno. Esta medida vulnera principios esenciales como la presunción de inocencia y el debido proceso, que son pilares fundamentales del Estado constitucional de derecho. Permitir la deportación únicamente con una prisión preventiva genera un peligroso precedente de inseguridad jurídica. Aún más alarmante es la disposición que permite considerar como “objetivo militar” a los extranjeros que reingresen al país luego de ser expulsados, lo cual representa una aplicación desproporcionada y confusa de conceptos del Derecho Internacional Humanitario a personas civiles en un contexto interno. Esta ambigüedad legal puede abrir la puerta a abusos estatales, uso excesivo de la fuerza y violaciones a los derechos humanos, especialmente al derecho a la vida. Si bien la seguridad nacional debe ser una prioridad, no puede buscarse a costa de las garantías legales y constitucionales que protegen a todas las personas, independientemente de su nacionalidad. El combate contra el crimen organizado debe realizarse dentro del marco de la legalidad y con pleno respeto a la dignidad humana. Reformas como esta, aunque bien intencionadas, pueden debilitar gravemente el Estado de derecho y generar más problemas que soluciones. Como futuros juristas, debemos reflexionar críticamente sobre este tipo de decisiones legislativas y defender siempre el equilibrio entre la seguridad pública y la justicia.