Fiscalía pide al juez del caso Triple A que dicte prisión preventiva en contra del alcalde de Guayaquil
Fecha: 22/06/2025
La reciente solicitud de prisión preventiva contra el alcalde de Guayaquil, realizada por la Fiscalía dentro del caso Triple A, representa un nuevo golpe a la ya frágil confianza ciudadana en sus autoridades. Cuando un funcionario de tan alto rango es vinculado a una presunta red de corrupción, no solo se compromete su imagen individual, sino que se empaña la credibilidad de todo un sistema que debería representar transparencia, responsabilidad y servicio público. La prisión preventiva, como medida cautelar, no se solicita a la ligera. Implica que la Fiscalía considera que hay indicios suficientes de responsabilidad, y además, riesgo de fuga, obstaculización del proceso o reiteración del delito. Pero más allá del marco legal, lo que esta noticia deja en evidencia es una herida social más profunda: la desilusión de la gente ante autoridades que no responden al mandato popular, sino a intereses oscuros y prácticas ilegales.
Este no debe ser visto como un caso aislado. Es reflejo de una cultura política que por años ha tolerado la impunidad, ha protegido a los poderosos y ha marginado a los honestos. Una cultura que necesita urgentemente ser desmontada desde la raíz. No basta con que la justicia actúe cuando el escándalo estalla; es necesario fortalecer los mecanismos de prevención, rendición de cuentas y participación ciudadana para que casos así no se repitan.
La verdadera transformación del país no llegará solo con sanciones, sino con un cambio profundo en la forma de hacer política, en el sentido ético del poder, y en la participación activa de la ciudadanía. No podemos seguir normalizando la corrupción ni resignándonos al todos son iguales. Cada escándalo debe ser una oportunidad para exigir transparencia, fortalecer la justicia y recordar que el poder debe ejercerse con responsabilidad, no como un privilegio, sino como un compromiso con la gente.