La programación fiscal permite anticipar y organizar los ingresos, egresos y necesidades de financiamiento del sector público no financiero y la seguridad social, no solo para un año fiscal sino también a través de una planificación plurianual (mínimo de cuatro años), como lo establece el artículo 87 del COPLAFIP. Esta herramienta es crucial para garantizar la sostenibilidad fiscal, la cual implica que el Estado administre sus recursos con responsabilidad, evitando déficits insostenibles y promoviendo la estabilidad económica a mediano y largo plazo.

Uno de sus principales beneficios es que vincula la política fiscal con el Plan Nacional de Desarrollo, asegurando que las decisiones presupuestarias respondan a objetivos estratégicos nacionales como salud, educación, seguridad y bienestar social, especialmente en contextos de emergencia como la pandemia del COVID-19. Asimismo, facilita la asignación eficiente del gasto público, permitiendo que los recursos se dirijan hacia sectores prioritarios y que se evite la duplicidad o el derroche Su utilidad no solo radica en la planificación sino también en el control y seguimiento. La programación fiscal constituye la base para establecer los techos presupuestarios, definir políticas de ingresos y egresos, y garantizar que el endeudamiento público se mantenga dentro de márgenes sostenibles y bien justificados.

La programación fiscal no solo es una obligación legal, sino una herramienta indispensable para una gestión pública eficiente, equitativa y transparente. Su correcta aplicación permite anticipar escenarios, ajustar políticas y garantizar que los recursos del Estado estén alineados con las verdaderas necesidades de la sociedad ecuatoriana.