Título: Volcanes, páramos y fuentes de agua termal conforman el complejo Chachimbiro-Timbuyacu, en Imbabura

Autor: ECUATERRA - Redacción y Televistazo

Fecha de publicación:  13 de junio de 2025

Fuente: 

ECUATERRA. (13 de junio de 2025). Volcanes, páramos y fuentes de agua termal conforman el complejo Chachimbiro-Timbuyacu, en Imbabura. Obtenido de Ecuavisa: https://www.ecuavisa.com/noticias/medio-ambiente/volcanes-paramos-agua-termal-chachimbiro-timbuyacu-imbabura-YA9507100

 REFLEXIÓN: 

El complejo Chachimbiro–Timbuyacu, ubicado en Urcuquí, Imbabura, ha sido reconocido como uno de los doce geositios del Geoparque Mundial Imbabura. Esta área geológica se destaca por su riqueza ecológica y geológica, con volcanes, fuentes termales y ecosistemas únicos como páramos, bosques altos montanos y chaparros. La Constitución reconoce a la naturaleza como sujeto de derechos. por lo que, el Ecosistema de Chachimbiro, con su biodiversidad y dinámica volcánica, es beneficiario directo de estos derechos. En tal virtud, cualquier daño ambiental, incluso potencial, puede constituir una vulneración constitucional.

La comunidad local, especialmente 54 comuneros de San Blas, ha asumido la protección activa del territorio a través de brigadas de vigilancia, control de la caza, reforestación y prevención de incendios. Este sitio actúa como zona de amortiguamiento del Parque Nacional Cotacachi–Cayapas y representa una convergencia entre la conservación natural, el conocimiento ancestral y el aprovechamiento sostenible de los recursos, lo que refleja el cumplimiento del Art. 57 CRE, que reconoce los derechos colectivos de las comunidades a conservar sus conocimientos ancestrales, proteger sus territorios y participar en la gestión ambiental. Esta forma de cogestión comunitaria es coherente con el modelo de interculturalidad y suma kawsay (buen vivir) que sustenta el constitucionalismo ecológico ecuatoriano.

El caso de Chachimbiro-Timbuyacu ejemplifica una armoniosa relación entre naturaleza, comunidad y normativa. Sin embargo, el verdadero reto jurídico radica en consolidar mecanismos de exigibilidad de los derechos de la naturaleza y colectivos, para que estos no queden como normas simbólicas. Es indispensable fortalecer la educación ambiental, el acceso a la justicia ecológica y el control institucional sobre actividades extractivas o turísticas que pudieran desbordar la capacidad de carga del ecosistema. Por lo tanto, el Estado tiene el deber de garantizar no solo la protección de esta área como geositio, sino de consolidar un modelo de gobernanza ambiental con la participación activa de las comunidades locales, como lo ordena el marco constitucional y ambiental del Ecuador.