No soy yo, eres tú...

A las 11:10 PM del 15 de junio de 2025, el caso del secuestro extorsivo de una ciudadana china en Guayaquil sigue generando controversia, y los comunicados del Consejo de la Judicatura y la Fiscalía General del Estado (FGE) reflejan una danza de responsabilidades que deja mucho que desear. Mónica Velásquez, en su hilo de X , señala cómo la audiencia del 31 de mayo de 2025 en la Unidad Judicial de Flagrancia UVC Norte terminó con medidas cautelares alternativas para B.S.M.V. ("La Pinky") y J.A.P.M. ("Coscacho"), en lugar de prisión preventiva, a pesar de la gravedad del delito. Sin duda alguna, este desenlace es un golpe a la credibilidad institucional, mostrando una justicia tibia frente a un crimen que involucró violencia extrema.

La decisión del juez Juan Pablo Pulgarín, según el comunicado de la Judicatura, se basó en la falta de antecedentes penales de los acusados, pero esto ignora el contexto de un Ecuador donde el crimen organizado opera con impunidad. Si hacemos un ejercicio de memoria la situación fue distinta en el caso del Alcande de Guayaquil Aquiles Álvarez. Velásquez critica que "la Fiscalía solicitó prisión preventiva, pero el juez la desestimó", dejando a la ciudadanía con la sensación de que la ley se dobla ante presiones o negligencia.

El comunicado de la FGE, firmado por Romulo Sevilla, defiende la actuación fiscal y el control jurisdiccional, pero esta autodefensa suena a piedras. Velásquez apunta que "la Fiscalía no logró convencer al juez de la flagrancia", lo que expone una debilidad en la presentación de pruebas o en la coordinación con la Judicatura. Se percibe la presencia de una justicia selectiva. La FGE reafirma su compromiso con la ciudadanía, pero los hechos hablan más fuerte que las palabras.

Otro punto crítico es la dilación en recalificar el delito a secuestro extorsivo con resultado de muerte. El Consejo de la Judicatura señala que esto depende de la Fiscalía, mientras la FGE insiste en que actuó con transparencia. Velásquez resalta esta contradicción: "Ninguna asume la responsabilidad, y la víctima china quedó en el olvido". 

La independencia judicial que ambas instituciones proclaman choca con la realidad de un proceso que parece más un juego de culpas que una búsqueda de justicia. Velásquez subraya que "el juez tuvo la última palabra, pero la Fiscalía no presionó lo suficiente", sugiriendo que la tibieza de ambas partes permitió que los acusados evadieran una sanción más dura. Este si es un caso real en el que la burocracia judicial protege más a los delincuentes que a las víctimas: no es la Constitución -de 2008-, es el Gobierno.

Este vacío informativo es un insulto a una sociedad que exige accountability (principio de transparencia), especialmente cuando el crimen organizado sigue operando sin freno, mientras las instituciones se lavan las manos.

Por último: Los comunicados de la Judicatura y la FGE, reflejados en las imágenes, son un espectáculo de evasión. Ninguna de las dos instituciones asume la culpa por la ligereza con que se trataron medidas, y ambos documentos se limitan a justificarse sin ofrecer soluciones. Tal cuál como lo escribió Mónica, sólo "es un ping-pong de responsabilidades".

Estrepitoso!

Fuente: X. 7 de junio de 2025. Mónica Velásquez. https://x.com/MoniVelasquezV/status/1931464172635918780