Presidente Daniel Noboa envía nuevo proyecto de ley económica urgente: esta vez para recuperar áreas protegidas.

Autor: Jonathan Machado.

Fecha: 14 de Junio del 2025.

El presidente Daniel Noboa presentó un proyecto de ley económico urgente que elimina la categoría de "reserva ecológica" del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP), traspasando su gestión a Gobiernos Autónomos Descentralizados. La iniciativa permite actividades extractivas "sostenibles" (minería, agricultura) en estas zonas previa autorización del Ministerio de Ambiente, y reduce plazos de evaluación ambiental para proyectos estratégicos. El gobierno argumenta que busca "dinamizar la economía" y combatir economías ilícitas, pero organizaciones indígenas y ambientalistas denuncian que desprotege ecosistemas frágiles como el Chocó Andino o territorios de pueblos no contactados (Tagaeri-Taromenane). El trámite acelerado (30 días) evita consulta previa a comunidades afectadas.  

Jurídicamente, el proyecto viola la Constitución (Art. 404) y sentencias de la Corte Constitucional (por ejemplo Caso Los Cedros, 2021) que reconocen derechos de la naturaleza y exigen protección estricta de áreas estratégicas. Eliminar reservas ecológicas (que cubren el 18% del territorio nacional) desconoce estándares internacionales como el Acuerdo de Escazú y el Convenio de Diversidad Biológica, sin contar con que, al transferir competencias a GADs sin garantizar capacidad técnica o presupuesto, se crea un vacío de gobernanza que favorece la explotación indiscriminada. La omisión de consulta previa a pueblos indígenas (Art. 57) es otra violación flagrante, particularmente grave en zonas como Yasuní, donde operan tribus en aislamiento voluntario.  

La medida prioriza intereses económicos cortoplacistas sobre derechos colectivos y ambientales. Legalizar minería y agroindustria en áreas protegidas acelerará la deforestación, afectando a comunidades indígenas que dependen de estos ecosistemas para agua, medicina y alimento. El discurso de "sostenibilidad" encubre un modelo extractivista que replicará conflictos como los de Intag o Río Blanco, donde empresas mineras desplazaron poblaciones con violencia. Al debilitar al Ministerio de Ambiente y omitir controles científicos independientes, el Estado entrega recursos vitales a gobiernos locales vulnerables a presiones empresariales, sacrificando biodiversidad única por utilidades privadas.  

Fuente: https://www.primicias.ec/politica/presidente-daniel-noboa-proyecto-ley-areas-protegidas-98570/