Los hechos que sucedieron envuelven una gravedad considerable en el contexto del Estado de Derecho colombiano, el atentado contra el precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay no solo constituye un delito de tentativa de homicidio agravado, sino que también representa una amenaza directa contra el ejercicio de derechos fundamentales como la participación política, la libertad de expresión y la integridad personal, estos derechos están consagrados en la Constitución Política de Colombia y en particular en los artículos 11, 20 y 40, lo que obliga al Estado a adoptar medidas eficaces para su garantía y protección.

La marcha del silencio convocada ocho días después del atentado representa una manifestación legítima del derecho a la protesta pacífica  y un rechazo ciudadano a la violencia política, práctica que ha tenido un largo y doloroso historial en el país. La participación masiva y el orden mantenido durante la jornada según lo informado por la Secretaría Distrital de Gobierno evidencian una apropiación social del principio de legalidad y del respeto por los mecanismos institucionales.

El atentado debe ser investigado con celeridad, imparcialidad y rigor técnico por parte de la Fiscalía General de la Nación y además de los autores materiales es fundamental identificar a los autores intelectuales, si los hubiera y sancionar de forma ejemplar a todos los responsables conforme al Código Penal colombiano, podrían analizarse agravantes como el móvil político, el uso de arma de fuego, la pluralidad de víctimas y la afectación al orden constitucional.

También se deben considerar medidas de protección más eficaces para los candidatos y actores políticos, especialmente en épocas preelectorales ya que la junta estatal en este ámbito puede configurar responsabilidad por violación de derechos humanos e incluso en instancias internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Este atentado no solo vulnera normas penales, sino que amenaza la estabilidad democrática pues intenta desincentivar la participación política mediante el miedo, la respuesta estatal debe ser integral: judicial, preventiva y simbólica, en ese sentido, la movilización social pacífica también cumple un papel restaurativo y reivindicativo pues fortalece la confianza ciudadana en la democracia y en la no violencia como vía para resolver diferencias políticas.