Fecha: 10/06/2025
Ley orgánica de inteligencia aprobada por la Asamblea
En el mes de junio se aprobó la nueva Ley Orgánica de Inteligencia, una normativa que ha generado gran controversia por su impacto en los derechos fundamentales. La ley crea un Sistema Nacional de Inteligencia con autonomía financiera y operativa, dirigido por un ministro designado por el presidente, y que coordina siete subsistemas estratégicos, incluyendo los de defensa, seguridad y finanzas. Uno de los aspectos más polémicos es que permite la interceptación de comunicaciones, el acceso a datos personales y la geolocalización de ciudadanos sin necesidad de una orden judicial, eliminando así el control previo del poder judicial. Además, obliga a entidades públicas y privadas a entregar información en un plazo de 48 horas y permite el uso de identidades encubiertas de forma legal. También crea un fondo reservado de gastos especiales que no está sujeto a la ley de contratación pública ni a auditorías abiertas, lo que genera preocupaciones sobre corrupción y abuso de poder. Organizaciones de derechos humanos, como Funda medios y Derechos Digitales, han advertido que esta ley representa una amenaza directa a la privacidad, la libertad de expresión y el periodismo independiente, al facilitar la vigilancia masiva sin mecanismos de supervisión democrática. Desde el punto de vista jurídico, la norma ha sido cuestionada por vulnerar el artículo 66 de la Constitución, que garantiza la inviolabilidad de las comunicaciones, así como por concentrar demasiado poder en el Ejecutivo sin controles reales. Aunque el Gobierno sostiene que la ley es necesaria para combatir al crimen organizado, expertos y activistas temen que se utilice como un instrumento de persecución política y control ciudadano. En definitiva, esta legislación marca un giro radical en la política de seguridad de Ecuador, pero a un costo considerable para los derechos civiles y las garantías constitucionales.
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