Título: "Golpe a la corrupción: Gobierno propone reforma urgente para blindar la contratación pública en Ecuador"
Fecha: miércoles, 4 de junio de 2025
Reflexión/ Interpretación:
La propuesta de reforma al sistema de contratación pública en Ecuador, impulsada por el Gobierno, me parece una medida necesaria, aunque no exenta de retos y cuestionamientos. En lo personal, considero que cualquier intento por sanear uno de los sectores más vulnerables a la corrupción —la contratación estatal— debe ser observado con atención crítica, sin caer en triunfalismos anticipados. Los aproximadamente 8.000 millones de dólares destinados a compras públicas en 2024 constituyen una porción significativa del gasto estatal, y la pérdida estimada de hasta un 30% por prácticas corruptas es escandalosa, no solo por el monto en sí, sino por el daño estructural que causa a la credibilidad del Estado.
Uno de los aspectos que más me llama la atención es la propuesta de eliminar ciertas modalidades de contratación, como la contratación directa para consultorías de bajo monto. En teoría, esto podría disminuir los espacios para el direccionamiento discrecional de contratos, práctica común y profundamente arraigada en diversas instituciones. Sin embargo, también me preocupa que esta eliminación, si no va acompañada de medidas ágiles y funcionales, termine entorpeciendo la eficiencia operativa de instituciones que requieren respuestas inmediatas o especializadas. Hay una delgada línea entre controlar y paralizar.
Por otro lado, la simplificación del sistema me parece un paso correcto. El exceso de tecnicismos, plataformas poco amigables y procesos excesivamente burocráticos no solo desmotivan a nuevos proveedores, sino que crean un terreno fértil para la manipulación y el abuso. Un sistema más claro, accesible y transparente puede fomentar una competencia real y abrir la puerta a proveedores que hoy están excluidos de facto por no poder sortear los obstáculos administrativos.
El fortalecimiento del control en la etapa precontractual es, a mi juicio, el punto más crucial. Es en esa fase donde se fraguan muchas de las irregularidades que luego se “blanquean” a través de formalidades. Detectar anomalías antes de adjudicar un contrato es más efectivo —y menos costoso— que intentar revertir un perjuicio ya consumado. No obstante, esto requiere no solo de nuevos mecanismos, sino de personal capacitado, ético y libre de presiones políticas o intereses empresariales.
Desde un enfoque jurídico, también es relevante observar que esta reforma implicará un rediseño normativo dentro del SERCOP y un reajuste de las prácticas de contratación en todas las entidades estatales. Su calificación como urgente en materia económica en la Asamblea Nacional pone de relieve la gravedad del problema, pero también exige que el análisis legislativo no se sacrifique en nombre de la celeridad. Las reformas estructurales no se improvisan, y menos cuando están en juego los principios de transparencia, eficiencia y equidad.
En definitiva, apoyo la intención del Gobierno de reformar el sistema de contratación pública, pero insisto en que las buenas intenciones deben ir acompañadas de una implementación rigurosa, sin concesiones políticas ni tecnocráticas. De lo contrario, el riesgo es que se produzca una simple reconfiguración de las formas de corrupción, más sofisticadas, pero igual de perjudiciales.