Titulo: Comisión legislativa aprueba informe para segundo debate de proyecto de Ley Orgánica para desarticular la economía criminal vinculada al conflicto armado interno
Fecha: viernes, 6 de junio de 2025
La Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional aprobó, con voto unánime el 5 de junio de 2025, el informe para el segundo debate del “Proyecto de Ley Orgánica para Desarticular la Economía Criminal Vinculada al Conflicto Armado Interno” en primer lugar, esta propuesta incluye un capítulo dedicado a la protección y reparación integral de las poblaciones vulnerables en las zonas afectadas por la violencia. Asimismo, contempla un régimen tributario que busca incentivar las donaciones del sector privado mediante beneficios fiscales, además, introduce reformas al COIP, fortalece los mecanismos de incautación de bienes y otorga nuevas atribuciones a la UAFE. Finalmente, el segundo debate se llevará a cabo el 7 de junio de 2025 a las 19:00 en el Pleno de la Asamblea.
Por un lado, la aprobación multipartidista representa una señal positiva de consenso político; no obstante, también despierta dudas sobre eventuales transacciones políticas y posibles motivaciones electorales. Por otro lado, el enfoque hacia el apoyo y la reparación a las víctimas resulta valioso; sin embargo, persiste la falta de claridad respecto a los mecanismos de ejecución y financiamiento. En cuanto a los incentivos tributarios, si bien podrían movilizar recursos privados, es indispensable que estén acompañados de marcos normativos precisos que eviten el desvío de fondos y actos de corrupción. Aunque la urgencia económica invocada parece justificada, no se detalla de manera concreta cómo se producirán efectos inmediatos. Del mismo modo, la incorporación de mayores facultades a la UAFE puede ser positiva, siempre que vaya acompañada de estrictos controles para evitar abusos. Si bien las disposiciones sobre incautación fortalecen la lucha contra el crimen organizado, también generan preocupación respecto al respeto del debido proceso, además, la ausencia de una delimitación precisa de las “zonas afectadas” abre la puerta a interpretaciones arbitrarias. Por ende, aunque el endurecimiento del marco penal puede considerarse adecuado, podría generar tensiones con los derechos individuales si no se garantiza el respeto a las garantías constitucionales en este contexto, sería ideal incluir un componente educativo y preventivo que complemente las acciones punitivas y aborde las causas del reclutamiento criminal. En conclusión, el proyecto plantea un enfoque integral prometedor; sin embargo, su verdadero impacto dependerá de una reglamentación clara, una supervisión efectiva y un compromiso institucional sostenido.
Fuentelexis