Ley de Solidaridad Nacional da al Gobierno ‘más herramientas’ en su lucha contra el crimen organizado

La norma se aprobó con votos de los legisladores de ADN, PSC y PK. Se adelantó que el presidente Daniel Noboa la enviaría directo al Registro Oficial.

La Asamblea Nacional del Ecuador aprobó la Ley de Solidaridad Nacional, impulsada por el presidente Daniel Noboa, con el objetivo de fortalecer la lucha del Estado contra el crimen organizado y el narcotráfico. La norma recibió el respaldo de los bloques legislativos de ADN, Partido Social Cristiano (PSC) y Pachakutik (PK), logrando 84 votos a favor. Se anunció que el Ejecutivo la enviará directamente al Registro Oficial para su publicación y aplicación inmediata.

Esta ley establece un régimen jurídico especial en el contexto del conflicto armado interno declarado por el Gobierno, lo que permite aplicar medidas extraordinarias en materia penal, económica y de seguridad. Se incluye la creación de un nuevo delito relacionado con la pertenencia a grupos armados organizados, con penas que llegan hasta 30 años en caso de liderazgo o financiamiento.

Además, la norma autoriza un procedimiento penal especial para delitos cometidos en el marco del conflicto, permitiendo aprehensión ciudadana y extendiendo el plazo de detención sin audiencia a 48 horas. También se contempla que policías y militares que actúen en el cumplimiento de su deber puedan ser eximidos de prisión preventiva, e incluso indultados anticipadamente por el presidente.

En lo económico, la ley permite donaciones privadas a la Policía y Fuerzas Armadas, con beneficios tributarios, e impulsa la reactivación en zonas afectadas por la violencia. Se refuerza el papel de la UAFE para combatir el lavado de activos.

Aunque sectores oficialistas respaldaron la iniciativa como una medida necesaria frente al crimen organizado, legisladores de la Revolución Ciudadana votaron en contra o se abstuvieron, argumentando que la norma no resuelve el problema estructural de la inseguridad. La ley ha sido presentada por el Gobierno como una herramienta clave para recuperar la paz y el control del territorio.