Asamblea Nacional deja sin efecto resolución sobre terna al Consejo de la Judicatura
Fecha: 05 de junio de 2025
La decisión de la Asamblea Nacional del Ecuador de revocar una resolución tomada por la legislatura anterior sobre la designación de una terna para el Consejo de la Judicatura es un claro ejemplo del dinamismo y también de la fragilidad institucional dentro del país, si bien el procedimiento se enmarca dentro de las facultades legales establecidas en el artículo 135 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, esta acción genera un precedente que debe ser analizado con suma cautela.
Desde el punto de vista de legalidad, la revisión parece legítima ya que la nueva Asamblea tiene derecho a evaluar las decisiones de su antecesora, especialmente si estas se tomaron en el límite de su mandato, no obstante, el principio de seguridad jurídica se ve tensionado, pues deja abierta la puerta a que cualquier resolución anterior pueda ser invalidada por una nueva mayoría parlamentaria, lo cual puede minar la confianza ciudadana en la estabilidad de las instituciones.
Por otro lado, la anulación de la terna propuesta evidencia una tensión entre la función legislativa y el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), un organismo que ha estado en el centro de controversias políticas en los últimos años, lo que puede interpretarse como una maniobra para redefinir el equilibrio de poder en la designación de autoridades de control, algo que, en contextos polarizados, podría ser interpretado más como un cálculo político que como una acción puramente jurídica.
La reflexión de fondo es que este tipo de decisiones, aunque legales, no deben utilizarse como herramientas para favorecer intereses coyunturales o mayorías pasajeras. La institucionalidad democrática exige respeto a los procesos, incluso cuando estos no reflejan los intereses del nuevo grupo en el poder, en este sentido, el principio de confianza legítima no solo protege a las personas involucradas (como los miembros de la terna), sino también a la credibilidad del sistema democrático en su conjunto.
La suspensión del proceso de designación impone un vacío temporal en la representación legislativa ante el Consejo de la Judicatura, lo que podría afectar su funcionamiento en términos de legitimidad y operatividad, esto pone de relieve la necesidad de que el nuevo proceso de selección se realice con mayor transparencia, consenso político y apego estricto a la norma, para evitar repetir errores y fortalecer la legitimidad de las decisiones institucionales.