Reflexión sobre la Ley Orgánica de Solidaridad Nacional
La aprobación de la Ley Orgánica de Solidaridad Nacional con 84 votos a favor refleja un consenso político significativo ante la crisis de seguridad que atraviesa Ecuador. Esta amplia mayoría sugiere que la percepción de urgencia trasciende las divisiones partidarias tradicionales, evidenciando la gravedad de la situación del crimen organizado en el país.
Las penas de hasta 30 años por pertenencia a grupos delictivos representan un endurecimiento sustancial del marco punitivo, buscando disuadir la participación en organizaciones criminales. Sin embargo, surge la interrogante sobre si el incremento de penas será efectivo sin fortalecer simultáneamente el sistema judicial y penitenciario, que ya enfrenta serios problemas de sobrepoblación y control.
La inclusión del robo de combustible como delito con penas severas aborda una problemática específica que ha afectado significativamente a la economía nacional y al abastecimiento energético. Esta medida reconoce la conexión entre actividades aparentemente menores y redes criminales más amplias.
Los decomisos inmediatos de bienes constituyen una herramienta poderosa para debilitar la estructura económica del crimen organizado. No obstante, será crucial garantizar el debido proceso y evitar abusos que puedan afectar a ciudadanos inocentes, estableciendo mecanismos de control y revisión judicial efectivos.
El indulto diferido para policías y militares busca proteger a quienes combaten el crimen, pero plantea interrogantes sobre el equilibrio entre la protección de los agentes del Estado y la rendición de cuentas por posibles excesos. Esta disposición podría generar controversias sobre impunidad si no se aplica con criterios claros y transparentes.
La facultad otorgada a las fuerzas del orden para realizar allanamientos urgentes acelera los procedimientos, pero requiere supervisión judicial posterior para mantener el equilibrio constitucional entre seguridad y derechos fundamentales.
La implementación exitosa de esta ley dependerá más de la capacidad institucional del Estado que de la severidad de las penas. Sin instituciones fortalecidas, personal capacitado y recursos suficientes, incluso las mejores leyes pueden resultar ineficaces.
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