FECHA: 07/06/2025
Reforma legal contra el crimen organizado
El 7 de junio de 2025, la Asamblea Nacional del Ecuador aprobó una reforma legal de gran trascendencia impulsada por el presidente Daniel Noboa, como parte de una estrategia para enfrentar la crisis de seguridad que vive el país desde que en enero de 2024 se declarara el “conflicto armado interno”. Esta reforma busca otorgar al Ejecutivo y a las fuerzas de seguridad herramientas más efectivas para combatir la violencia y el accionar de bandas criminales organizadas que han desestabilizado varias regiones del país.
Entre las disposiciones aprobadas se incluye la facultad del presidente para conceder indultos a militares y policías que sean procesados por acciones ejecutadas en el marco de operativos contra el crimen, así como la prohibición de que se les aplique prisión preventiva. Además, la reforma autoriza la incautación inmediata de bienes presuntamente vinculados a actividades delictivas sin requerir autorización judicial previa, endurece las sanciones penales para delitos como el robo de combustibles y la colaboración con grupos delictivos, y permite al Ejecutivo redireccionar fondos públicos hacia el área de seguridad sin necesidad de la aprobación legislativa. También se contemplan mecanismos de ayuda económica para las poblaciones más golpeadas por la violencia.
Otro aspecto sensible es el aumento de penas, algunas de hasta 30 años, que debe analizarse cuidadosamente en relación con el principio de proporcionalidad. Este principio, consagrado tanto en la Constitución como en el derecho penal ecuatoriano, exige que las sanciones guarden una relación razonable con la gravedad del delito cometido y no respondan únicamente a la presión social o política.
En conclusión, si bien la reforma legal busca dar una respuesta contundente a una problemática real que amenaza la seguridad nacional, también modifica profundamente la estructura del orden jurídico ordinario. Por ello, su aplicación debe ser vigilada de cerca para evitar que se convierta en un precedente que normalice la restricción de garantías constitucionales en nombre de la seguridad. Es fundamental que las acciones del Estado mantengan un equilibrio entre la eficacia en la lucha contra el crimen y el respeto a los principios del estado de derecho, para que la solución a la violencia no implique la debilitación de la democracia y las libertades fundamentales.
Fuentes: