Fecha: 03-06-2025
Relfexión personal:
Desde una perspectiva jurídica y como estudiante de Derecho, la aprobación de la reforma constitucional que permite nuevamente la instalación de bases militares extranjeras en Ecuador plantea serios cuestionamientos sobre soberanía, seguridad nacional y equilibrio de poderes. Esta reforma no solo representa un giro significativo en la política de defensa del país, sino que también reabre un debate sobre la presencia de fuerzas extranjeras en territorio ecuatoriano, algo que ya fue objeto de fuerte rechazo en 2009 con el cierre de la base estadounidense en Manta.
La lucha contra el narcotráfico es, sin duda, un objetivo legítimo y urgente. Sin embargo, considero que esta meta no puede justificar, sin un amplio debate social y técnico, la cesión de espacios estratégicos a fuerzas extranjeras. El derecho constitucional reconoce la soberanía como uno de los principios fundamentales del Estado, y cualquier reforma que potencialmente limite su ejercicio debe ser analizada con sumo cuidado y participación ciudadana. Me preocupa que decisiones de esta magnitud se tomen con una votación cerrada en la Asamblea y sin un proceso deliberativo previo que involucre a la sociedad civil, académicos y expertos en relaciones internacionales.
Además, esta medida se da en un contexto político sensible, en el que el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas ha sido utilizado como estrategia para combatir la violencia, pero también podría implicar riesgos en términos de militarización excesiva y dependencia internacional. La ratificación mediante referéndum es clave, ya que devolverá a la ciudadanía la posibilidad de decidir sobre un tema que afecta directamente su soberanía y seguridad. Como futura profesional del derecho, veo imprescindible que estas reformas se enmarquen en una visión democrática, garantista y con pleno respeto a los derechos fundamentales del pueblo ecuatoriano.