Título: CAF destinará $ 2.500 millones para impulsar la economía azul y preservar océanos en América Latina y el Caribe
Fuentes:
- Publicado por EL UNIVERSO
- Publicado por CAF BANCO DE DESARROLLO DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
- Publicado por EL PAÍS
Fecha de la noticia: 7 de junio, 2025
REFLEXIÓN – NOTICIA
Es importante considerar que los océanos estén protegidos por normas internacionales: como lo es la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (UNCLUS), EL Convenio sobre la Diversidad Biológica (CBD) y el Acuerdo de París. La finalidad y existencia de esos instrumentos son fundamentales para obligar a los Estados a conservar la biodiversidad marina y así evitar que exista ciertas irregularidades que perjudiquen estos espacios con graves contaminaciones, de igual manera regular la pesca y promover el uso de desarrollo sostenible de los recursos de los océanos.
La cantidad de inversión anunciada por la CAF, responde precisamente para financiar proyectos de restauración ecológica, pesca artesanal sostenible, evaluar las energías renovables marinas, la descarbonización portuaria y fomentar el turismo responsable. Esto tiene un fin y es fortalecer la obligación estatal y regional de adoptar políticas alineadas a estándares internacionales como el ODS-14 “Vida Submarina”.
Asimismo, la inversión de CAF en la economía azul involucra principios fundamentales que se debe considerar importantes para la protección e interés del medio ambiente como el principio precautorio, al financiar la restauración de manglares y áreas marinas protegidas frente a amenazas como el cambio climático y la sobrepesca; el principio de responsabilidad compartida, al fomentar la cooperación regional para combatir problemáticas transfronterizas como la pesca ilegal; y el principio de sostenibilidad y desarrollo intergeneracional, al promover proyectos que generen beneficios económicos y ecológicos duraderos mediante la participación de comunidades costera, esto refuerza garantías del derecho ambiental como la transparencia y rendición de cuentas, la participación pública efectiva y la supervisión institucional, asegurando que los recursos se destinen a objetivos alineados.
No obstante, se debe proyectar con calidad esta iniciativa, ya que, debe ser acompañada por marcos normativos nacionales eficaces, monitoreo continuo y participación ciudadana activa para garantizar que el financiamiento se traduzca en resultados concretos de conservación y no en acciones aisladas que maquillen el deterioro de los océanos. El reto jurídico más importante radica en integrar esta estrategia financiera con las leyes ambientales de cada país, asegurando el cumplimiento efectivo de tratados como el Convenio sobre la Diversidad Biológica y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en especial el ODS 14 sobre vida submarina.