Título: “Justicia para todos, no para unos pocos: Corte frena modelo excluyente del Consejo de la Judicatura”
Fecha: jueves, 29 de mayo de 2025
Reflexión/ Interpretación:
En mi opinión, la reciente sentencia de la Corte Constitucional que declara la inconstitucionalidad de la Resolución 006-2025 del Consejo de la Judicatura representa una reafirmación necesaria del principio de supremacía constitucional y del rol garantista del máximo órgano de control constitucional del país. Esta decisión no solo tiene implicaciones administrativas, sino que también abre un debate profundo sobre los límites de la reorganización institucional dentro del sistema de justicia y sobre la forma en que se deben interpretar los principios rectores de acceso, especialidad y desconcentración en la tutela de derechos fundamentales.
Considero que el intento del Consejo de la Judicatura de implementar un modelo de judicaturas distritales en materia constitucional, aunque quizás impulsado por razones técnicas o de eficiencia, evidencia una lectura reduccionista del acceso a la justicia. Centralizar la tramitación de causas constitucionales puede parecer una solución organizativa razonable, pero en la práctica implica un retroceso en términos de garantías efectivas, sobre todo para los ciudadanos de sectores periféricos o rurales que ya enfrentan barreras estructurales para litigar ante el sistema judicial. En un país marcado por la desigualdad territorial, restringir la competencia de causas constitucionales a ciertas jurisdicciones contradice abiertamente el mandato de descentralización y desconcentración del poder judicial que impone la propia Constitución.
Desde una perspectiva crítica, observo también una preocupante tendencia del Consejo de la Judicatura a exceder su competencia administrativa y reglamentaria, adoptando decisiones que tienen un impacto directo en el ejercicio de derechos sin el debido control o diálogo con los principios constitucionales. La creación de salas especializadas no puede responder únicamente a una lógica burocrática, sino que debe enmarcarse en un diseño institucional legítimo, democrático y respetuoso del principio de legalidad. Lo contrario configura un riesgo de instrumentalización de la justicia constitucional, la cual debe mantenerse como un espacio accesible, plural y descentralizado.
Apoyo la decisión de la Corte no solo por su corrección técnica, sino por su valor jurídico y político en defensa de los derechos constitucionales. Este fallo debería ser un llamado de atención al Consejo de la Judicatura para que sus futuras reformas respeten no solo la letra, sino también el espíritu de la Constitución de Montecristi.