En un Estado constitucional de derechos y justicia, como el que se promueve en países como Ecuador (donde este término es muy usado), el centro del sistema jurídico no es solo la ley, sino los derechos humanos y la justicia material. Esto significa que todas las normas, autoridades y acciones deben respetar y proteger los derechos de las personas. La Constitución es la norma suprema, y todas las demás normas y actos deben estar alineados con ella.

Dentro de ese marco, se crean mecanismos para controlar el poder, garantizar derechos y exigir el cumplimiento de la Constitución. Ahí entran las acciones que mencionas.

Acción de incumplimiento

Es una acción constitucional que se interpone cuando una autoridad (sea pública o privada con funciones públicas) no cumple una norma constitucional o sentencia de la Corte Constitucional

Acción directa (o acción directa de inconstitucionalidad)

Permite a cualquier persona (a veces con ciertos requisitos) impugnar una ley o acto normativo que contradiga la Constitución.

Acción especial (puede variar el nombre según el país, pero en general...)

Se refiere a acciones constitucionales específicas para proteger derechos, como la acción de protección, hábeas corpus, hábeas data, etc.

Todas estas acciones se fundamentan en la Constitución y tienen como objetivo proteger los derechos y garantizar la supremacía constitucional.

En el marco del Estado constitucional de derechos y justicia, la acción de incumplimiento, la acción directa de inconstitucionalidad y las acciones especiales se interrelacionan como mecanismos de protección y exigibilidad de los derechos fundamentales. Mientras que la acción directa permite impugnar normas contrarias a la Constitución, la acción de incumplimiento asegura la ejecución de sentencias y normas constitucionales, y las acciones especiales (como la acción de protección) brindan respuestas inmediatas ante la vulneración de derechos. Todas operan en función de garantizar la supremacía constitucional y la justicia material.