En el Estado constitucional de derechos y justicia, la acción de incumplimiento, la acción directa y la acción especial se interrelacionan como mecanismos de control constitucional y garantía de derechos. La acción de incumplimiento busca asegurar la efectividad de normas constitucionales y decisiones internacionales; la acción directa permite impugnar normas que vulneren la Constitución; y la acción especial (como la extraordinaria de protección) garantiza la reparación de vulneraciones a derechos en sentencias firmes. Todas refuerzan la supremacía constitucional y la tutela efectiva de derechos.