El rol del psicólogo forense es esencial dentro del sistema de justicia. No se trata solo de aplicar teorías psicológicas, sino de poner el conocimiento al servicio de la verdad judicial. Su trabajo incluye evaluar la imputabilidad de un acusado, determinar si comprendía o no sus actos, y también medir el daño psicológico que una víctima ha sufrido tras un delito. Estas evaluaciones no solo tienen un peso clínico, sino también legal, ya que muchas veces influyen directamente en las decisiones de los jueces. Este análisis se vuelve aún más complejo cuando se presentan posibles trastornos psiquiátricos, ya que no todo diagnóstico implica automáticamente inimputabilidad.

En el contexto legal ecuatoriano, esta evaluación es clave para determinar si una persona puede ser juzgada penalmente o si, por el contrario, debe recibir un tratamiento adecuado por presentar una alteración mental grave. La ley reconoce que algunas condiciones como esquizofrenia, trastorno bipolar en fase aguda, o trastornos psicóticos pueden afectar la conciencia del acto y, por tanto, su responsabilidad penal. Sin embargo, el diagnóstico por sí solo no basta; lo esencial es demostrar si en el momento del hecho existía o no esa alteración significativa.

Además, el psicólogo forense analiza el riesgo de reincidencia en personas que han cometido delitos, lo que permite diseñar medidas de prevención o reinserción. Una parte clave de su labor es la elaboración del informe pericial, que debe ser objetivo, claro y ético, y muchas veces es presentado como prueba durante un juicio.

Lo valioso de este campo es que combina el rigor científico con la sensibilidad humana: cada evaluación es una oportunidad para escuchar, comprender y aportar al proceso judicial desde una perspectiva más empática y responsable. En definitiva, el psicólogo forense actúa como un puente entre la mente humana y la justicia.