Fecha: 24-05-2025

Reflexión personal:

La reciente asunción del presidente Daniel Noboa a un nuevo mandato presidencial marca un momento crucial en la historia política y jurídica del Ecuador. Desde una perspectiva jurídica, resulta especialmente relevante el enfoque del mandatario en combatir la "economía criminal", una problemática que se ha intensificado y que pone en riesgo no solo la seguridad pública, sino también el Estado de derecho y la institucionalidad democrática.

El anuncio de un proyecto urgente contra estas economías ilícitas evidencia una intención política de fortalecer el sistema de justicia penal y las políticas públicas en materia de seguridad. Sin embargo, como estudiante de Derecho, considero que este tipo de propuestas deben estar acompañadas de garantías claras al debido proceso, la presunción de inocencia y el respeto a los derechos humanos. La lucha contra el crimen no puede convertirse en un pretexto para vulnerar derechos fundamentales ni para militarizar la justicia.

Asimismo, el cambio de vicepresidencia por una sanción relacionada con violencia política de género también plantea cuestiones fundamentales en torno a la responsabilidad política y la ética pública. La sanción impuesta a Verónica Abad por parte del Tribunal Contencioso Electoral no solo visibiliza la existencia de la violencia política de género, sino que representa un precedente importante en la protección de los derechos de las mujeres dentro del ejercicio político. Como estudiante de Derecho, valoro que el sistema jurídico ecuatoriano comience a tomar acciones más firmes frente a este tipo de conductas, aunque también es necesario garantizar que estos procesos sean transparentes y no instrumentalizados con fines políticos.

Finalmente, la incorporación de María José Pinto como nueva vicepresidenta abre un nuevo capítulo en la administración Noboa. Será crucial observar cómo se desarrolla su rol dentro del Ejecutivo y qué postura adoptará frente a temas de género, derechos humanos y fortalecimiento institucional.

En síntesis, este momento político debe servirnos como juristas en formación para reflexionar sobre la relación entre poder, legalidad y justicia, y cómo desde el Derecho podemos contribuir a construir un país más seguro, pero también más justo e inclusivo.