La actual Ley de Defensa del Consumidor fue promulgada en el año 2000, antes del auge del comercio electrónico y de los modelos digitales de consumo, pero hoy en día el comercio digital está en auge por lo que la ley de defensa del consumidor no cubre con las necesidades que existen en la actualidad. Es por ello que la propuesta, emitida por la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional que unifica 11 iniciativas legales, busca reemplazar la Ley de Defensa del Consumidor, adaptándola a los nuevos escenarios del comercio digital y a estándares internacionales de protección.

El proyecto propone una normativa compuesta por 250 artículos y establece 23 derechos fundamentales de las personas consumidoras y usuarias. Entre los ejes principales se incluyen que las empresas deben basarse en la verdad tanto en la publicidad como en lo que se firma en un contrato, todo lo que se prometa al consumidor debe ser real y verificable. De igual forma están la prohibición de cláusulas abusivas y cobros ocultos, es decir que los contratos no pueden incluir condiciones injustas que perjudiquen al consumidor, tampoco se pueden hacer cobros adicionales que no hayan sido informados claramente desde el inicio. Se abarca también que, si la empresa no cumple con lo prometido, el consumidor tiene el derecho de cancelar el contrato sin pagar ninguna multa. Por último, si un consumidor recibe un producto dañado o un servicio que no se presta correctamente tiene derecho a una compensación.

 Considero que estas nuevas reformas son necesarias y justas, ya que existen muchos problemas en este ámbito, promovemos la equidad, transparencia, responsabilidad y justicia lo que nos ayuda a mejorar como sociedad.