La defensa de los derechos humanos en el ámbito de la salud mental es clave para forjar una sociedad más equitativa, comprensiva y solidaria. La salud mental no es solo un aspecto del bienestar personal, sino un derecho fundamental que debe protegerse para asegurar la dignidad y la libertad de todas las personas, sin importar su estado psicológico. A lo largo del tiempo, quienes enfrentan desafíos de salud mental han sido objeto de marginación, estigma y abusos, lo que ha restringido su participación plena en la comunidad y su acceso a cuidados adecuados. Organismos internacionales, como la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, han establecido marcos esenciales que buscan erradicar la discriminación, promover la igualdad y garantizar que las personas puedan tomar decisiones sobre su propio tratamiento. Estos principios destacan la necesidad de un modelo basado en los derechos humanos, donde las personas con condiciones de salud mental sean protagonistas en las decisiones que afectan su vida. Los sistemas de salud y las políticas públicas deben evolucionar, dejando atrás prácticas obsoletas que priorizaban el control o el aislamiento, y adoptar enfoques que fomenten la recuperación, el respeto y la integración. Además, es vital trabajar en la educación de la sociedad para desmantelar prejuicios y construir una cultura que valore las capacidades y los derechos de todas las personas. Solo a través de un compromiso firme con estos valores se podrá alcanzar una verdadera justicia social, donde la salud mental sea reconocida como un pilar esencial de los derechos humanos, asegurando que nadie quede excluido por su condición mental.