El ejemplo del proyecto minero Panantza-San Carlos en la región sur de la Amazonía de Ecuador ilustra con precisión las constantes tensiones entre el modelo de desarrollo extractivo impulsado por el Estado y los derechos colectivos de las comunidades indígenas. La trayectoria de desahucio obligatorio, desinformación, desplazamiento y violencia hacia la comunidad shuar, especialmente en Nankints, muestra un profundo desconocimiento del derecho a la consulta previa, libre e informada, consagrado en la Constitución ecuatoriana y en acuerdos internacionales como el 169 de la OIT.

Pese a la sentencia de la Corte Constitucional que anuló la licencia ambiental inicial y demandó acciones reparadoras específicas, como la expresión de disculpas públicas y la instauración de un sistema de consulta, el Estado ha procedido con negligencia o deliberada falta de transparencia. La otorgación de una nueva licencia sin notificar a los líderes indígenas fortalece la impresión de que los procedimientos de consulta en Ecuador se han transformado en simplemente formalidades o simulacros, cuando en realidad deberían ser ámbitos de conversación auténtica y consentimiento informado.

El testimonio de Domingo Ankuash y el debilitamiento del movimiento indígena en la región, después de años de persecución y fragmentación interna provocada por ventajas proporcionadas por las compañías mineras, también evidencian las repercusiones sociales y psicológicas del extractivismo en las comunidades. Esta circunstancia no solo pone en peligro su territorio físico, sino también su unidad cultural, su autonomía y su modo de vida antiguo.

Esta disputa nos incita a meditar acerca del auténtico sentido del desarrollo y la sostenibilidad. ¿Es permisible progresar en proyectos que prometen desarrollo económico, pero transgreden derechos esenciales y aniquilan ecosistemas singulares? En una nación plurinacional como Ecuador, no puede ser una alternativa secundaria respetar a las comunidades indígenas. Es, en realidad, un elemento crucial para una democracia ecológica equitativa.

A medida que la Defensoría del Pueblo busca obtener datos y la Corte Constitucional examina la ejecución del fallo, el caso de Panantza continúa siendo una alerta: sin una modificación estructural en la percepción y administración de los proyectos de extracción, los derechos humanos y la biodiversidad de la Amazonía continuarán en peligro.