Títular: Perú juzga a los adolescentes infractores como adultos
Noticia N.- 07
Fecha: 18/05/2025
Fuente: El Comercio
Es de suma importancia analizar de manera rigurosa la reciente ley aprobada en Perú, que permite imputar penalmente como adultos a adolescentes de 16 y 17 años que cometan delitos graves. La instauración de esta ley ha generado opiniones divididas tanto a nivel interno como internacional. Entre las ventajas que algunos señalan está el hecho de que la ley podría contribuir a una respuesta más firme ante delitos violentos como el sicariato, la extorsión y el homicidio. Se argumenta que en muchos casos, adolescentes son reclutados por organizaciones criminales precisamente por saber que no enfrentarán penas severas. Con esta reforma, se busca desalentar esa práctica y enviar un mensaje claro de que los delitos graves no quedarán impunes, sin importar la edad del infractor.
Sin embargo, también existen desventajas relevantes. Numerosos expertos en derechos humanos y organismos como el Poder Judicial peruano y el Ministerio Público han advertido que esta ley podría vulnerar tratados internacionales como la Convención sobre los Derechos del Niño, que promueve la justicia restaurativa y el principio del interés superior del menor. Tratar a un adolescente como adulto en el proceso penal puede afectar gravemente su derecho a la reintegración social y exponerlo a entornos carcelarios inadecuados, con mayores riesgos de violencia y reincidencia.
Al comparar esta situación con otros países, vemos diversos enfoques: en Estados Unidos, unos 200.000 menores son juzgados como adultos cada año, lo que ha generado fuertes críticas por los abusos dentro del sistema. En cambio, en países como Brasil o el Reino Unido se priorizan los sistemas juveniles, aunque con ciertas excepciones. Escocia también permite el procesamiento de jóvenes de 16 y 17 años, pero está en debate la creación de tribunales especializados para esa franja de edad.
En el caso de Ecuador, actualmente el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia establece un sistema de justicia penal juvenil que se aplica a adolescentes de entre 12 y 17 años. Aunque contempla sanciones privativas de libertad en casos graves, estas no superan los 8 años y se aplican dentro de centros especializados. La finalidad es educativa y de reintegración, y no sancionadora como en el sistema penal ordinario.
En conclusión, como futura profesional del derecho, considero que es importante buscar, analizar y encontrar un equilibrio entre la sanción y la protección, entre la justicia y la humanidad, para que ambas partes se encuentren conformes en el ámbito de la justicia.
FUENTE: https://www.instagram.com/p/DJzvK2dtgB6/?igsh=aWI0ZGR5eXR2d2Y3