Tema: Dos acciones propone el Ejecutivo en nuevo proyecto de ley: reducir el impuesto a la renta a quienes donen suministros a la fuerza pública e incentivos económicos a la ciudadanía.
Fecha: 17 de mayo, 2025
Reflexión: El gobierno de Daniel Noboa buscaría un proyecto económico para desfinanciar al crimen organizado.
La iniciativa legislativa presentada por el presidente Daniel Noboa constituye un intento por abordar una de las cuestiones más complicadas y peligrosas que enfrenta actualmente Ecuador: la infiltración de las economías ilegales en la estructura social y económica del país. Esta propuesta de ley económica urgente no solo busca reforzar el aparato estatal ante el conflicto armado interno, sino que también proporciona incentivos específicos para dirigir los recursos privados hacia el mantenimiento de la seguridad y el orden público.
Uno de los aspectos más cruciales es el incentivo tributario destinado a aquellos que aporten equipos a las Fuerzas Armadas y a la Policía. Esta acción, aunque debatible desde una perspectiva fiscal por su efecto en la recaudación, puede verse como una manera práctica de involucrar al sector privado en la seguridad pública. En situaciones donde el crimen organizado ha superado la capacidad operativa del Estado, la colaboración entre sectores es crucial.
De igual manera, la propuesta de incentivos económicos para revitalizar áreas afectadas por la violencia se dirige a una de las causas estructurales del problema: la escasez de oportunidades. Brindar apoyo a emprendedores, artesanos y jóvenes a través de decretos ejecutivos con respaldo técnico y financiero podría ofrecer un alivio inmediato a comunidades afectadas por el miedo y la inestabilidad.
No obstante, el reto será garantizar que estas iniciativas se apliquen con transparencia, equidad y con una capacidad real para transformar la situación. Las donaciones no deben convertirse en una vía para intereses particulares, ni los incentivos en herramientas clientelares. La viabilidad de la propuesta depende del gobierno y las obligaciones de la Asamblea Nacional con un método nacional basado en la justicia social, la paz y el fortalecimiento institucional.
En resumen, esta propuesta ofrece la capacidad de avanzar con la firmeza contra la activación económica y social de Ecuador, pero su éxito depende no solo de lo que la ley está considerando, sino también de su implementación ética y efectiva.