La situación actual de violencia e inseguridad en hay en Ecuador descubre un debilitamiento estructural del Estado de Derecho y una alarmante incapacidad institucional para contener la expansión del crimen organizado, se exige una respuesta que se base en principios de legalidad, proporcionalidad y protección de derechos fundamentales y sin dejar de lado la necesidad de fortalecer el marco normativo y operativo del sistema de seguridad.

La declaratoria de conflicto armado interno y la calificación de 22 bandas como grupos terroristas, aunque válida en el marco del Derecho Internacional Humanitario requiere ser cuidadosamente aplicada para evitar excesos y garantizar el respeto a los derechos humanos, incluso en contextos de excepción se debe mantener un control judicial efectivo conforme lo exige la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

La propuesta de permitir allanamientos sin orden judicial como parte de la consulta popular choca con garantías constitucionales como el derecho a la inviolabilidad del domicilio (art. 66, numeral 20, Constitución de Ecuador), aunque pueda responder a necesidades urgentes de seguridad, debe evaluarse cuidadosamente para no sentar precedentes de regresión en materia de derechos.

La falta de una ley de inteligencia refleja un vacío en la norma que impide al Estado anticiparse a los fenómenos criminales, la inteligencia estatal debe contar con controles claros, limitaciones proporcionales y mecanismos de fiscalización que garanticen que su uso no derive en vigilancia arbitraria ni abusos de poder.

Y  la persistente debilidad del sistema penitenciario, convertido en centro de operaciones del crimen organizado revela la necesidad urgente de reformas estructurales que garanticen una gestión penitenciaria adecuada y el principio de resocialización, la cooperación internacional puede jugar un rol fundamental pero siempre bajo el respeto a la soberanía nacional y el marco constitucional vigente.

El sistema judicial por su parte debe ser fortalecido con capacitación, independencia y herramientas legales eficaces para juzgar a miembros de organizaciones criminales y la impunidad no solo deslegitima al Estado, sino que favorece la expansión de estructuras delictivas.

Y por último la respuesta del nuevo gobierno no puede ser reactiva ni fragmentada, debe formularse una política criminal clara, coherente con el principio de legalidad, que articule a todos los órganos del Estado y garantice una lucha sostenible, legítima y estratégica contra el crimen organizado.