El reciente diagnóstico del Gobierno ecuatoriano sobre la economía criminal que azota al país no solo es alarmante, sino profundamente revelador. Por primera vez en mucho tiempo, el Estado admite públicamente que está enfrentando a una estructura criminal organizada, con poder financiero, militar y territorial. El crimen ya no es solo un problema de seguridad, sino una economía paralela que corroe al Ecuador desde sus cimientos. Es impactante ver cómo el número de homicidios, extorsiones y secuestros se ha disparado en pocos años, revelando que los grupos criminales no solo matan con armas, sino también con miedo, control y corrupción. 

Es doloroso reconocerlo, pero Ecuador vive un conflicto interno disfrazado de crisis delictiva. Las cárceles se han convertido en cuarteles de operaciones de las bandas, y las calles, en zonas de guerra para miles de ciudadanos. No podemos normalizar esta violencia, no podemos resignarnos a vivir con miedo, y no podemos permitir que los grupos criminales sigan imponiendo sus reglas en nuestro país. Esta “economía que mata” debe ser enfrentada con una economía que proteja, que genere oportunidades y que devuelva la esperanza a todos los ecuatorianos.