La relación entre los derechos humanos y la salud mental representa un desafío urgente y profundo en nuestras sociedades. Durante décadas, las personas con trastornos mentales han sido objeto de estigmatización, marginación y, en muchos casos, sometidas a tratamientos involuntarios o institucionalizaciones forzadas, violando principios fundamentales como la dignidad, la autonomía y la libertad. Superar esta realidad implica repensar completamente los modelos de atención y adoptar una visión centrada en el respeto pleno de los derechos humanos.

Uno de los elementos más relevantes que se plantea es la necesidad de reemplazar prácticas coercitivas por enfoques que promuevan la participación activa de las personas en su propio proceso de atención. Esto incluye escucharlas, respetar sus decisiones y brindarles los apoyos necesarios para que puedan llevar una vida plena en comunidad. El acceso a servicios de salud mental debe ser voluntario, accesible, culturalmente apropiado y libre de discriminación. Solo así se podrá garantizar que las personas vivan con dignidad y sin temor a ser vulneradas por el mismo sistema que debería protegerlas.

También es crucial combatir el estigma y los prejuicios sociales que rodean a los trastornos mentales. Muchas veces, la discriminación surge no solo en los servicios de salud, sino también en el entorno laboral, educativo y familiar. Promover una cultura de inclusión, comprensión y solidaridad es parte esencial del cambio. Esto no solo beneficia a quienes viven con alguna condición mental, sino que fortalece el tejido social en su conjunto.

El respeto a los derechos humanos en el ámbito de la salud mental no debe verse como un lujo o un ideal abstracto, sino como una obligación ética y legal. Apostar por un modelo más humano, inclusivo y participativo es apostar por una sociedad más justa. Porque proteger la salud mental de todas las personas, sin excepción, es una muestra concreta del compromiso con los valores universales de libertad, equidad y dignidad.