Gobierno de Trump pide a la Corte Suprema que le permita poner fin al 'parole' para cubanos, venezolanos y haitianos

Autor: John Fritze.

Fecha: 8 de mayo de 2025.

La solicitud de la administración Trump a la Corte Suprema para revocar el programa de parole humanitario (CHNV) (que beneficia a cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos) enfrenta un debate constitucional sobre los límites del poder ejecutivo en política migratoria. El programa, creado bajo Biden, permite a estos migrantes vivir y trabajar legalmente en EE.UU. por dos años si cumplen requisitos como tener un patrocinador y no haber ingresado ilegalmente después de 2022. Trump argumenta que su terminación es una "decisión crítica" para disuadir la migración irregular y afirma que los tribunales inferiores, al bloquear su orden, han interferido en prerrogativas ejecutivas. 

No obstante, jueces federales como Indira Talwani han cuestionado la legalidad de revocar el parole de forma masiva, exigiendo evaluaciones caso por caso según la Ley de Inmigración y Nacionalidad. La Corte Suprema debe decidir si el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) tiene autoridad para terminar el programa sin revisión individual, un precedente que podría afectar futuras políticas migratorias, incluidas aquellas que involucren a ecuatorianos, como el Estatus de Protección Temporal (TPS). 

Aunque el parole no incluye a ecuatorianos, su revocación agravaría crisis humanitarias en países vecinos, incrementando flujos migratorios hacia Ecuador, que ya es un corredor para venezolanos, haitianos y cubanos, lo cual tensionaría los servicios sociales y de acogida en nuestro país que enfrenta una crisis económica y de seguridad. 

La revocación del parole no solo es un asunto interno de EE.UU., sino un eslabón en una cadena de políticas que externalizan la crisis migratoria hacia América Latina. Urge una respuesta regional coordinada que priorice derechos humanos y corresponsabilidad, en lugar de medidas unilaterales que profundicen desigualdades.