El cierre de gestión de las comisiones legislativas para dar paso a la nueva Asamblea Nacional evidencia una vez más la falta de continuidad y compromiso en el sistema legislativo ecuatoriano. Que la mayoría de comisiones haya dejado de sesionar sin concluir los proyectos en trámite demuestra una actitud negligente frente a las necesidades del país. La entrega de informes hasta el 12 de mayo parece una formalidad más que una garantía de seguimiento. Además, el hecho de que existan informes listos para ser debatidos en el pleno y que queden en pausa por la transición revela la ineficiencia del proceso. Mientras tanto, los pasillos vacíos y oficinas desocupadas simbolizan un abandono anticipado de funciones. Esta falta de planificación impacta directamente en la ciudadanía, que espera soluciones concretas y no pausas por reestructuraciones políticas. El país no puede permitirse un Legislativo que se reinicie cada cierto tiempo sin asegurar continuidad en su trabajo. El reparto de espacios en las comisiones parece tener más prioridad que el tratamiento de leyes fundamentales. Esto refleja una visión política centrada en el poder y no en el servicio público. Es urgente replantear estos procesos para que los cambios de legislatura no interrumpan el progreso. La nueva Asamblea tiene la responsabilidad de asumir sus funciones con seriedad y recuperar la confianza de la población. La institucionalidad del país depende de la capacidad de sus representantes para actuar con responsabilidad. No se puede seguir permitiendo que el Legislativo funcione a medias entre periodos de transición. La ciudadanía merece una Asamblea activa, constante y comprometida.
