Ecuador tendrá un nuevo fiscal general en seis meses, según el presidente del Consejo de Participación Ciudadana
Fecha: 09-05-2025
El proceso para designar a la nueva o nuevo fiscal general del Estado —en reemplazo de Diana Salazar, cuyo periodo concluyó en abril de 2025— es uno de los más esperados y observados tanto en Ecuador como a nivel internacional.
En medio de una institucionalidad marcada por las prórrogas, el presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), Andrés Fantoni, asegura que el país podría contar con nuevas autoridades en un plazo máximo de seis meses, si se aprueba la mañana de este 9 de mayo un nuevo reglamento para los comisionados de selección.
El documento, que según Fantoni ha sido trabajado con todos los consejeros, busca resolver fallas estructurales que han permitido demoras de años en los concursos públicos. Entre sus principales cambios están la incorporación de límites de tiempo, mecanismos de control más estrictos y sanciones a comisionados que obstaculicen los procesos. Además, se incorpora una evaluación oral a los postulantes y se fortalece el rol de la ciudadanía a través de las veedurías.
Fantoni recibió en exclusiva a Infobae en su despacho en Quito. En el diálogo detalló cómo se desarrollará el concurso para elegir al reemplazo de Salazar, cómo se busca evitar la infiltración del crimen organizado en los procesos de selección, y qué implicaría la eliminación del CPCCS en caso de una eventual Asamblea Constituyente. Fantoni es un educador guayaquileño de 37 años, licenciado en Ciencias de la Educación con mención en Gerencia Educativa y máster en Orientación Vocacional. Desde abril de 2024, preside el Consejo de Participación, donde ha impulsado reformas para fortalecer la transparencia en la designación de autoridades y ha representado al Ecuador en foros internacionales sobre lucha contra la corrupción, según consta en la información oficial de la institución.
A ver, el concurso es llevado por un jurado, que se llama comisión de selección. Son cinco representantes de las funciones del Estado —Ejecutiva, Legislativa, Judicial, Electoral y de Transparencia—, y cinco ciudadanos que pasan por una fase de mérito, revisión de credenciales, tanto en la parte profesional, académica, y también por una impugnación ciudadana. Este jurado lleva los concursos. Nosotros revisamos que se cumpla, que no exista ningún proceso inadecuado. Se hace la fase de mérito, se verifica la experiencia, luego viene la impugnación ciudadana, después la oposición, que son pruebas escritas y orales. Tiene que tener mínimo 10 años de experiencia. Y si ha tenido la defensa de algún narcotraficante, trata, abuso de niños, no va a poder participar.