El derecho ha ido transformándose a lo largo del tiempo como respuesta a las necesidades cambiantes de la sociedad, su evolución radica directamente ligada a las problemáticas sociales, económicas y políticas que surgen en cada época, lo que exige adaptaciones legales para garantizar el bienestar colectivo.  

En América Latina, la política y la economía han sido factores determinantes en la evolución jurídica por cuánto a qué los distintos procesos históricos, como crisis económicas, dictaduras y transiciones de gobierno, han marcado cambios significativos en los sistemas legales de la región. Un ejemplo claro son los casos de Chile y Argentina durante las dictaduras del siglo XX, donde, además de las graves consecuencias económicas, surgieron reformas legales enfocadas en proteger los derechos humanos y evitar futuros abusos de poder.  

En la actualidad, Venezuela representa un caso preocupante: aunque formalmente se define como una democracia, su sistema político ha derivado en un autoritarismo que concentra el poder sin respetar la voluntad popular. Esta situación ha generado un deterioro económico y social, acompañado de modificaciones legales que aumentan el control estatal, afectando gravemente a la población.  

Por otra parte, el derecho comparado no solo estudia las diferencias entre sistemas jurídicos, sino también cómo se aplican las normas en distintos contextos. Países que comparten bases legales similares (como el civil law) pueden desarrollar enfoques diferentes debido a influencias externas como la política, la economía, la cultura o la religión.  

En conclusión, el derecho comparado es esencial para entender no solo las leyes en teoría, sino también su aplicación práctica y evolución frente a nuevos desafíos. Analizar cómo factores políticos y económicos han moldeado el derecho en otros países permite aprender de sus aciertos y evitar repetir sus errores, contribuyendo así a un desarrollo jurídico más justo y eficiente.