La evolución del derecho en América Latina no puede entenderse al margen de los contextos políticos y económicos que han caracterizado la historia de nuestros países. Desde la independencia en el siglo XIX hasta los recientes procesos de democratización y crisis económicas del siglo XXI, los sistemas jurídicos latinoamericanos han sido el reflejo —y a veces el instrumento— de las dinámicas de poder y de las tensiones sociales propias de cada momento.
Durante el siglo XIX, la mayoría de los países latinoamericanos adoptaron códigos civiles y penales inspirados en los modelos europeos, especialmente el francés y el español, como parte de una estrategia estatal para consolidar el poder y construir identidades nacionales. Sin embargo, esta recepción jurídica fue más una importación formal que una transformación real de las estructuras sociales. Los ordenamientos jurídicos no respondían a las necesidades de justicia social, sino a la imposición de un orden normativo muchas veces ajeno a la realidad local.
Con el paso del tiempo, los contextos políticos autoritarios, dictaduras militares y las transiciones democráticas marcaron profundamente el rumbo del derecho. Por ejemplo, en países como Argentina, Chile o Brasil, las constituciones y cuerpos normativos fueron moldeados por intereses de control político, y luego reformulados en contextos de apertura democrática para incluir derechos fundamentales, reconocimiento de minorías y nuevas formas de participación ciudadana.
En el ámbito económico, las reformas neoliberales de los años 80 y 90 impusieron cambios sustantivos en las estructuras jurídicas: privatización de servicios públicos, desregulación del mercado laboral y promoción de tratados de libre comercio que llevaron a una "transnacionalización" del derecho. Esta transformación evidenció que el derecho no es estático, sino que responde a modelos económicos dominantes. No obstante, también provocó fuertes resistencias que impulsaron nuevas formas de constitucionalismo social, como se ve en los casos de Bolivia, Ecuador y Venezuela, donde se intentó recuperar una visión más plural y comunitaria del derecho, incluyendo elementos del derecho indígena.
Es precisamente en este cruce entre historia, economía y política donde el Derecho Comparado latinoamericano cobra su mayor valor. Lejos de ser una simple comparación técnica de normas, se convierte en una herramienta crítica para comprender los porqués de las diferencias y similitudes entre los sistemas jurídicos. Nos permite analizar cómo procesos como la colonización, la dependencia económica, las dictaduras o las luchas por la justicia social han impactado en la evolución jurídica de cada país.
Además, el Derecho Comparado en América Latina sirve como catalizador de reformas. Permite identificar buenas prácticas, advertir errores de diseño institucional, y sobre todo, fortalecer la idea de una identidad jurídica regional. Este enfoque comparado, lejos de reproducir modelos foráneos de manera acrítica, debería permitirnos construir soluciones propias, que respondan a nuestras realidades históricas, culturales y sociales.