En los videos proyectados en clase sobre la Constitución del Ecuador del 2008, se puede apreciar que esta, en determinados aspectos es favorable para los ciudadanos, ya que, establece derechos y garantías fundamentales que buscan construir una sociedad justa y equitativa, dentro de los artículos analizados que van del 5-26, hay uno que para mi forma de análisis destaca siendo este el Art. 11, el cual consagra el principio de igualdad y no discriminación, siendo esto un pilar esencial para la convivencia democrática.

Este artículo reconoce que todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, prohibiendo toda forma de discriminación por razones de etnia, género, religión, identidad sexual, entre otras. Es decir, tiene una visión algo progresista, ya que no solo se limita a la igualdad formal, sino que impulsa acciones afirmativas para grupos históricamente marginados, ya que también establece que los derechos son directamente aplicables, lo que facilita su exigibilidad judicial.

Cabe mencionar que pesar de su redacción avanzada, en la práctica persisten desigualdades estructurales. Ya que, a pesar de estar estipulado en el artículo, la discriminación hacia comunidades indígenas, afrodescendientes y personas LGBTIQ, sigue siendo un problema social grave. Podemos decir que la falta de mecanismos eficaces para sancionar actos discriminatorios debilita su efectividad, por lo que el Art. 11 es un avance normativo crucial, pero requiere políticas públicas robustas y una justicia accesible para materializar sus principios, ya que, sin una aplicación real, su impacto seguirá siendo simbólico.

Ante esto podemos decir que la Constitución del 2008 es un avance normativo monumental, pero la promesa de un Ecuador más justo y ecológico sigue en disputa, por lo que, sin una acción coordinada entre el Estado y la sociedad, toda constitución no es más que un catálogo de buenas intenciones.