Tres cambios debe hacer la Policía con la llegada de un nuevo comandante, según expertos: ‘Una depuración es urgente’, señalan
4 de mayo, 2025
Reflexionar críticamente sobre esta situación implica no solo identificar los errores del pasado, sino también entender las profundas heridas sociales que se abren cuando quienes deben proteger se convierten en amenaza, y cuando el uniforme pierde su legitimidad ante los ojos de la ciudadanía.
El nombramiento del nuevo comandante de la Policía Nacional Pablo Dávila, en este contexto, opera más como un acto político que como una solución estructural. Aunque necesario, corre el riesgo de ser leído por la ciudadanía como un “relevo cosmético” si no está acompañado por acciones concretas, valientes y sostenidas. La desconfianza no surge de un vacío, sino de décadas en las que la corrupción, el abuso de poder y la impunidad han sido tolerados, cuando no protegidos, desde las más altas esferas del poder. Hablar de "depuración" sin tocar esas raíces es, en el mejor de los casos, ingenuo, en el peor, una burla a la dignidad de la población.
La dimensión humana de esta crisis no puede subestimarse. Miles de ecuatorianos han sido víctimas directas o indirectas de una fuerza policial que, lejos de proteger, ha cohabitado con el crimen organizado o ha ejercido violencia indiscriminada. En los barrios empobrecidos, la policía no siempre representa seguridad, muchas veces representa miedo, extorsión, o incluso muerte. Este divorcio entre la función ideal de la policía y su realidad operativa tiene efectos devastadores, destruye el tejido social, alienta la autojusticia y perpetúa un clima de temor y exclusión.
El marco normativo del Ecuador, aunque ambicioso y progresista en el papel, ha fracasado en su implementación. No basta con citar la Constitución o la Ley Orgánica de la Policía si los organismos de control carecen de independencia, si los procesos de investigación son manipulados, y si las cúpulas continúan blindadas por pactos de silencio y complicidad.
La seguridad no puede construirse sobre la base del miedo, sino sobre la legitimidad, el respeto mutuo y la participación ciudadana.
Una verdadera depuración no puede ser parcial, ni reactiva, ni superficial. Requiere cirugía institucional, no maquillaje. Implica asumir costos políticos, enfrentar mafias incrustadas en el aparato estatal, y romper con décadas de connivencias entre sectores corruptos del poder político y policial.
Por último, es fundamental recordar que detrás de cada cifra de corrupción o de cada escándalo policial hay vidas humanas afectadas. Hay madres que lloran a sus hijos asesinados, hay comunidades que viven en estado de sitio no oficial, y hay jóvenes que son criminalizados por su apariencia o su barrio.
El Ecuador necesita más que nuevas autoridades, necesita un nuevo pacto social sobre lo que significa la seguridad, sobre el rol del Estado, y sobre la dignidad de sus ciudadanos. Porque mientras se tolere una policía al servicio del poder y no de la justicia, la violencia no disminuirá, solo cambiará de rostro.