Fecha: 02-05-2025

Reflexión:

La noticia que revela la participación de miembros de la Fuerza Aérea Ecuatoriana en la tortura y posible asesinato de cuatro menores de edad en Guayaquil es profundamente alarmante y representa una grave violación a los derechos humanos, al debido proceso y a la integridad del Estado de derecho en Ecuador. Que personal militar —cuya función es garantizar la seguridad y el respeto a la ley— haya incurrido en prácticas tan crueles como golpizas, amenazas con armas de fuego y simulacros de ejecución, demuestra un preocupante desvío de los principios fundamentales del derecho penal y constitucional.

Este caso no solo revela un acto aberrante, sino también una posible cultura institucional de impunidad o encubrimiento. Es inaceptable que, a pesar de estar involucrados actores estatales, los menores fueran abandonados desnudos y posteriormente hallados incinerados, lo que indica una intención clara de borrar evidencia y evadir responsabilidades. La confesión de cuatro militares podría interpretarse como una estrategia de defensa ante las pruebas ya existentes, más que un verdadero acto de arrepentimiento.

Desde la perspectiva del derecho internacional, estos hechos podrían encuadrarse como crímenes de lesa humanidad, dado que involucran tortura y asesinato de menores por parte de agentes del Estado. El Estado ecuatoriano está obligado no solo a investigar y sancionar a los responsables, sino también a ofrecer una reparación integral a las familias y a la sociedad.

Este caso también obliga a repensar el papel de las fuerzas armadas en tareas de seguridad interna. Si bien en contextos de crisis se puede justificar su participación, esta debe ir siempre acompañada de mecanismos de control, supervisión civil y estricto apego a los derechos humanos.

En definitiva, lo ocurrido pone a prueba la independencia del sistema judicial ecuatoriano, la voluntad política del Estado para sancionar a los culpables sin importar su jerarquía, y la necesidad urgente de fortalecer los mecanismos de control en las instituciones armadas. Un país que permite que los derechos de los más vulnerables como lo son los niños sean atropellados sin consecuencias reales, corre el riesgo de normalizar la violencia institucional y socavar su democracia.