Fecha:  01/05/2025

Semana: #5

El Tribunal Contencioso Electoral (TCE) resolvió suspender por tres años los derechos políticos de Priscila Schettini, asambleísta electa por la Revolución Ciudadana, y le impuso una multa de cincuenta salarios básicos unificados. La razón: cometió violencia política de género con connotaciones racistas en contra de la fiscal general del Estado, Diana Salazar.

Resulta lamentable que una persona elegida para representar al pueblo incurra en ataques personales que refuerzan estereotipos y discriminación. El fallo del TCE no solo es justo, sino necesario para poner un alto a quienes traspasan los límites del respeto en nombre del debate político.

Diana Salazar, con temple y coherencia, ha demostrado que la justicia no se tuerce ante presiones ni insultos. En tiempos donde el acoso político se disfraza de crítica, su figura emerge con dignidad.

Ojalá este precedente sirva para recordar que el racismo y el machismo no caben en democracia, ni en discursos públicos.