La transparencia en la contratación pública es fundamental para garantizar la correcta utilización de los recursos del Estado y fomentar la confianza ciudadana en las instituciones. Al hacer visibles los procesos de licitación, adjudicación y ejecución de contratos, se reduce significativamente el riesgo de corrupción y se promueve la equidad entre los posibles oferentes. Esto permite que empresas competentes, sin influencias indebidas, tengan acceso a oportunidades en condiciones justas. Además, la transparencia fortalece la rendición de cuentas, ya que permite a la ciudadanía y a los organismos de control fiscalizar las decisiones gubernamentales. Un sistema transparente también mejora la eficiencia del gasto público, ya que incentiva la competencia y la calidad en los servicios contratados.