Apple y Meta califican de "injustas" las multas de 700 millones de euros impuestas por la UE por infringir la ley antimonopolio
24/04/2025
El anuncio de la Comisión Europea el 23 de abril de 2025 de sanciones económicas a Apple y Meta por violaciones de la Ley de Mercados Digitales (DMA) ha generado un intenso debate en el ámbito jurídico, económico y tecnológico, la entrada en vigor de la DMA en mayo de 2023 representó un hito en la regulación de los mercados digitales en Europa, con el objetivo de fortalecer la competencia y proteger los derechos de los consumidores.
La Ley de Mercados Digitales es una normativa innovadora el cual busca abordar las asimetrías de poder en el entorno digital, donde grandes tecnológicas pueden ejercer una influencia desproporcionada sobre los mercados y los consumidores. La DMA se centra en regular a las "empresas de servicios digitales de importancia sistémica" , como objetivo principal es el garantizar un entorno competitivo y proteger los derechos de los consumidores, evitando prácticas anticompetitivas y abusivas.
Entre las principales prohibiciones de la DMA se encuentran las prácticas de "anti-steering", como la que se le atribuyó a Apple, que impide a los desarrolladores de aplicaciones informar a los usuarios sobre alternativas de pago fuera de su plataforma. Además, la ley exige que las empresas ofrezcan opciones claras y transparentes a los usuarios sobre el uso de sus datos personales, como en el caso de Meta.
La decisión de la Comisión Europea se basa en la interpretación de la ley, que considera que la restricción de información es una práctica anticompetitiva. La Comisión argumenta que al limitar la capacidad de los desarrolladores para informar sobre alternativas de pago, Apple perjudica tanto a los competidores como a los consumidores, quienes ven reducida su capacidad de elección.
Sin embargo, Apple ha argumentado que esta regulación afecta negativamente la privacidad y seguridad de los usuarios. La empresa sostiene que su modelo de negocio está diseñado para proteger a los usuarios de prácticas abusivas y que la imposición de la DMA puede debilitar estas protecciones.
Mientras que la sanción a Meta se basa en la relación con el consentimiento informado y la autonomía del usuario, ya que la DMA exige que las empresas de servicios digitales respeten el derecho de los usuarios a controlar sus datos personales y a decidir cómo se utilizan. La Comisión argumenta que el modelo "pagar o consentir" de Meta coarta esta autonomía, ya que los usuarios se ven forzados a elegir entre sacrificar su privacidad o pagar una suscripción.
Meta también ha expresado su rechazo a la sanción, argumentando que el marco regulatorio afecta negativamente la privacidad y seguridad de los usuarios, la empresa menciona que su modelo de negocio está diseñado para ofrecer servicios gratuitos a cambio de la publicidad personalizada para sus usuarios, con esto corre el riesgo de debilitar la viabilidad económica de su plataforma.
Las empresas afectadas tienen un plazo de 60 días para ajustar sus operaciones conforme a las órdenes de la Comisión, dentro de este período se provee crucial para evaluar la capacidad de las empresas de adaptarse a la regulación y para determinar si la ley es efectiva en la promoción de la competencia y la protección de los derechos de los consumidores.
Biografía