Una constituyente no sería necesaria para impulsar reformas urgentes, aseguran expertos
Fecha: 27 Abril del 2025
Reflexión:
La reciente publicación de Ecuavisa plantea la posibilidad de convocar a una Asamblea Constituyente en Ecuador como mecanismo para efectuar reformas urgentes en diversas áreas del Estado. Como estudiante de Derecho, considero que este tema merece una reflexión profunda, dado el impacto que un proceso constituyente tiene en la estabilidad política, jurídica y social de un país.
En primer lugar, es fundamental entender que una Asamblea Constituyente no se limita a reformar leyes específicas, sino que tiene la capacidad de modificar integralmente la estructura del Estado, redefinir los derechos y deberes de los ciudadanos, y reorganizar los poderes públicos. Por ello, su convocatoria debe responder a una necesidad real de transformación social, no a coyunturas políticas momentáneas.
Los expertos citados en la noticia coinciden en que, si bien existen serios problemas en materia de gobernabilidad, seguridad y eficiencia institucional, una Constituyente no debe ser vista como la única salida. La estabilidad jurídica es un valor esencial en un Estado de derecho, y la frecuente modificación de la Carta Magna puede generar inseguridad jurídica, desincentivar inversiones y debilitar aún más las instituciones democráticas.
Asimismo, el respeto a los mecanismos de reforma previstos en la propia Constitución vigente, como las enmiendas, reformas parciales o referendos, debería ser la primera vía a considerar antes de recurrir a una Asamblea Constituyente. Estos mecanismos permiten realizar cambios importantes sin poner en riesgo la continuidad del orden constitucional ni abrir espacios a posibles abusos de poder.
Por otro lado, resulta innegable que la Constitución de 2008 presenta limitaciones que dificultan la gestión pública y la respuesta eficiente del Estado a los problemas actuales. En este sentido, resulta legítimo plantear la necesidad de reformas estructurales. No obstante, estas deben surgir de un proceso amplio de deliberación, participación ciudadana y consenso político, garantizando siempre el respeto a los principios democráticos y los derechos fundamentales.
En conclusión, la convocatoria a una Asamblea Constituyente es una herramienta de última instancia, que debe utilizarse únicamente cuando el orden constitucional vigente sea claramente insuficiente para resolver las crisis del país. Mientras existan vías ordinarias de reforma, estas deben ser agotadas con responsabilidad y madurez política. Como futuros juristas, nuestra labor es promover un debate informado, técnico y respetuoso de los valores constitucionales que sustentan nuestra democracia.
La discusión sobre la convocatoria a una Asamblea Constituyente debe abordarse con responsabilidad y visión de Estado. Si bien el país enfrenta desafíos que requieren soluciones urgentes, no se debe caer en la tentación de utilizar un mecanismo tan extremo sin agotar primero las vías ordinarias de reforma previstas en la Constitución. Una Constituyente implica no solo cambios jurídicos, sino también riesgos políticos y sociales que deben ser considerados con seriedad. Como estudiantes de Derecho, debemos promover el respeto al orden constitucional, la estabilidad institucional y la búsqueda de consensos amplios como pilares esenciales para fortalecer la democracia y construir un futuro más justo y seguro para todos los ecuatorianos.
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