Las instituciones educativas tienen una responsabilidad directa y fundamental en la prevención y atención del acoso hacia los docentes. No solo porque son los espacios donde ocurre este fenómeno, sino porque también tienen el deber de garantizar un entorno seguro, respetuoso y saludable para todos los miembros de la comunidad educativa, incluyendo al personal docente.
Una de sus principales responsabilidades es reconocer el problema y no minimizarlo. Muchas veces, el acoso se ignora o se justifica como “conflictos normales”, lo que agrava la situación. Por eso, las instituciones deben contar con protocolos claros y efectivos para detectar, denunciar y dar seguimiento a los casos de acoso.