El análisis presentado ofrece una visión profunda y preocupante sobre una realidad que muchas veces se invisibiliza: el acoso hacia los docentes dentro de las instituciones educativas. Tradicionalmente, el acoso escolar se ha enfocado en los estudiantes como víctimas, pero este texto amplía la perspectiva al señalar que los docentes también pueden ser objeto de violencia sistemática, tanto por parte de estudiantes como de padres, directivos y colegas. Esta reflexión es sumamente pertinente porque reconoce que la salud emocional y profesional del personal docente es un pilar fundamental para garantizar la calidad educativa.

El hecho de que las agresiones puedan adoptar múltiples formas —desde insultos y amenazas hasta sobrecargas de trabajo y campañas de desprestigio en redes sociales— evidencia que el problema es complejo y requiere abordajes integrales. Además, se señala un punto crucial: la falta de protocolos claros en las instituciones educativas y la tendencia a minimizar o normalizar el acoso, lo cual agrava la situación y empuja a los docentes a abandonar sus puestos. Esto no solo lesiona sus derechos humanos y laborales, sino que también afecta directamente a los estudiantes, quienes pierden referentes educativos valiosos.

Me parece especialmente importante la propuesta de que las instituciones deben implementar medidas concretas, como políticas de respeto, canales de denuncia confidenciales y seguros, acompañamiento psicológico y legal, así como campañas de concientización entre todos los actores escolares. Crear un ambiente de trabajo seguro no puede ser visto como un “plus” o un “beneficio adicional”, sino como una obligación ética y legal de toda institución educativa que busque cumplir verdaderamente con su misión formativa.

Refuerza la idea de que proteger a los docentes es proteger la educación misma. El bienestar emocional y profesional del profesorado debe ser una prioridad si realmente se quiere construir escuelas más justas, inclusivas y de calidad.