Las instituciones educativas tienen la responsabilidad ética, legal y organizacional de garantizar un ambiente seguro y respetuoso para todos los miembros de la comunidad escolar, incluyendo a los docentes. Proteger a los maestros del acoso no solo preserva su bienestar físico y emocional, sino que también contribuye a la calidad de la educación y a un entorno de aprendizaje saludable para los estudiantes. De acuerdo con principios de derechos laborales y de convivencia escolar, las instituciones están obligadas a prevenir, detectar, atender y sancionar cualquier forma de acoso hacia los docentes.

Medidas concretas que deberían implementarse:
Políticas claras y públicas:
Establecer normativas explícitas que definan el acoso hacia docentes, sus tipos (físico, verbal, psicológico, cibernético, etc.) y las consecuencias de tales actos, incluyéndolas en los reglamentos internos.

Protocolos de denuncia y atención:
Crear mecanismos confidenciales, accesibles y eficaces para que los docentes puedan reportar situaciones de acoso sin temor a represalias, garantizando una atención oportuna y justa.

Programas de sensibilización y formación:
Implementar talleres y campañas educativas dirigidas a estudiantes, padres y personal escolar sobre el respeto, la convivencia y los efectos negativos del acoso en la comunidad educativa.