Las instituciones educativas tienen una responsabilidad directa y fundamental en la prevención y atención del acoso hacia los docentes. Deben garantizar un ambiente de trabajo sano, seguro y respetuoso, protegiendo los derechos laborales y humanos de su personal. Es su deber establecer políticas claras que promuevan el respeto, la convivencia armónica y la resolución pacífica de conflictos. Ignorar o minimizar situaciones de acoso no solo perpetúa la violencia, sino que también afecta gravemente la calidad educativa y el bienestar de toda la comunidad escolar.

Medidas concretas que deberían implementarse para proteger a los docentes:

• Crear y aplicar protocolos claros de prevención y atención del acoso laboral y escolar hacia docentes, que definan procedimientos de denuncia y sanción.
• Establecer canales seguros y confidenciales de denuncia, donde los docentes puedan reportar casos de acoso sin temor a represalias.
• Brindar acompañamiento psicológico y legal a los docentes que sean víctimas de acoso.
• Capacitar a directivos, docentes, estudiantes y padres de familia en temas de convivencia, respeto y prevención de violencia.
• Promover una cultura institucional basada en el respeto, la empatía y el apoyo mutuo entre todos los miembros de la comunidad educativa.
• Monitorear y evaluar periódicamente el clima laboral, para identificar y corregir posibles focos de acoso.
• Sancionar adecuadamente a quienes incurran en conductas de acoso, asegurando que haya consecuencias claras para disuadir estas acciones