Las instituciones educativas tienen el deber, no solo legal, sino también ético y humano, de asegurar que todo su personal, especialmente los docentes, trabajen en un ambiente seguro, digno y libre de violencia. Proteger a quienes enseñan es fundamental para construir escuelas sanas y comunidades fuertes. Esto significa actuar de manera comprometida para prevenir, detectar, atender y sancionar cualquier forma de acoso que pueda surgir. Cuando una institución ignora o minimiza el acoso, no solo vulnera los derechos de sus docentes, sino que también rompe el equilibrio de confianza y respeto que debe existir para que el proceso educativo sea verdaderamente transformador.