Las instituciones educativas tienen la responsabilidad directa de prevenir y atender el acoso hacia los docentes, garantizando un ambiente laboral sano, respetuoso y seguro. Para cumplir con esta responsabilidad, deben implementar medidas concretas como establecer políticas claras que definan y sancionen el acoso, crear protocolos de denuncia confidenciales y accesibles, y ofrecer apoyo psicológico y legal a las víctimas. Además, es fundamental que promuevan una cultura institucional basada en el respeto, el diálogo y la convivencia pacífica mediante capacitaciones a toda la comunidad educativa. También deben realizar evaluaciones periódicas del clima laboral y actuar de manera inmediata ante cualquier denuncia. Proteger al docente es esencial para asegurar la calidad educativa y el bienestar de toda la comunidad escolar.